De
los hechos más importantes que sucedieron en el siglo XIX se podría destacar la
conformación de Estados-Nación alrededor del mundo; para la segunda mitad del
siglo en nuestro territorio se había constituido el Estado Argentino, luego de
numerosas guerras civiles y posteriores enfrentamientos políticos. Argentina se
había consolidado como una nación con una enorme extensión que debía ser puesta
en producción, por lo que el país impulsó la inmigración para fortalecer el
modelo económico de aquel entonces: el modelo agroexportador.
Con
la constitución del Estado Argentino y las olas de inmigración a nuestro país,
se encontraban en la necesidad de crear una “identidad argentina” y
reproducirla a todos los ciudadanos. La respuesta a esta necesidad, y otras más,
se halló en la Educación, en la escuela como un lugar donde se inculcaron el
sentimiento patriótico y se instruyó a los jóvenes con el fin de formar a los
futuros ciudadanos.
Es
entonces cómo nace la ley 1.420 de Educación común, gratuita, laica y obligatoria
en 1884 bajo la presidencia de Julio A. Roca. El debate previo a la creación de
esta ley fue muy intenso, dándose durante el primer Congreso Pedagógico
Internacional celebrado en Buenos Aires en 1982, donde el mayor punto de debate
fue la laicidad de la educación, si se debían incluir contenidos religiosos o
no. Representantes religiosos que eran parte del Congreso Pedagógico decidieron
retirarse y finalmente se decidió que el contenido religioso podía ser opcional
(con autorización de los padres) y enseñado por fuera del horario escolar.
Entre
otras leyes complementarias a la 1.420, una de las más importantes es la Ley
Láinez que autorizaba al Consejo Nacional de Educación a establecer escuelas
infantiles, mixtas y rurales en las provincias que lo soliciten de acuerdo con
el índice de analfabetismo en dichas provincias. Y a causa de esto se establece
un doble sistema escolar en cada provincia, uno dependiente de la Nación y otro
de la jurisdicción local. Es así como esta ley junto a la 1.420 dejan organizado
legalmente el sistema educativo argentino.
● LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN - 24.195 (1993)
La
década del 90 se caracteriza por el modelo neoliberal adoptado por el gobierno
de Carlos Menem. Argentina pasaba por una crisis económica que el gobierno de
Alfonsín intentó mitigar, pero sólo empeoró las cosas, culminando en su
renuncia antes de terminar su mandato. En este contexto de déficit fiscal,
intervienen actores tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial que abogan por el achicamiento del Estado para salir del déficit.
El achicamiento del Estado conllevó menos inversión en los organismos públicos,
que fueron vendidos a empresas privadas que los “administrarían con mayor
eficiencia”.
La
educación se comienza a mercantilizar, ya no es vista como un derecho sino como
un bien de consumo y se le destina menos fondos. Con la Ley de Transferencia
sancionada en 1991, las escuelas secundarias que se encontraban bajo la
jurisdicción del Estado pasaron a ser responsabilidad de las provincias, las
que se encontraban económicamente destruidas y no podían invertir en educación
(las escuelas primarias ya habían sufrido el mismo cambio durante la dictadura
militar). Esta descentralización provocó inequidad en la educación puesto que
ya no respondían a un criterio en común. Se buscaba disminuir la
responsabilidad del Estado como administrador y financiador de la educación
pública y, por lo tanto, reducir el gasto público nacional; y por otro lado, se
trataba de desarticular los reclamos docentes por salarios y presupuestos.
En
1993 se sancionó la Ley Federal de Educación la cual reorganiza el sistema
nacional de educación desde el jardín de infantes hasta el nivel superior.
● Educación inicial: 3 a 5 años (sala
de 5 obligatoria).
● Educación General Básica (EGB): a
partir de los 6 años hasta los 14 aproximadamente, dividida en tres ciclos de 3
años cada uno.
● Educación Polimodal: 15 a 18 años.
● Educación Superior: Formación
profesional y académica de grado.
● Educación Cuaternaria.
Dentro
de los puntos centrales se destaca la extensión de la obligatoriedad de 7 años
a 10 años de escolarización (sala de 5 años y 9 años de E.G.B), pero aquí nos
encontramos con el problema de que no en todos lados se ofrecían los niveles
considerados obligatorios. La Ley Federal también se encargó de cambiar el tipo
de metodología utilizado en las escuelas y los contenidos que se debían
impartir, aunque estos contenidos eran definidos según las necesidades de cada
provincia y distrito.
La
Ley Federal de Educación se centraba en la eficiencia, equidad, calidad y
competividad de la educación basándose en principios empresariales.
Uno
de los más grandes problemas de esta Ley es que estaba a disposición de cada
provincia si desea aplicarla o no, provocando que hayan distintos sistemas como
provincias en nuestro territorio. No solo era la implementación opcional, sino
que fue “escalonada”, se vio poco a poco y a distintos ritmos según las
instituciones, por lo que esto provocó que existieran distintos regímenes de
promoción.
Otras
de las leyes sancionadas que provocó disgusto en la comunidad educativa fue la
Ley de Educación Superior (1995) en la cual se reflejaban las peticiones del
Banco Mundial creando un organismo que dependía del Ministerio de Educación, la
CoNEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) que
acreditaba y evaluaba las carreras universitarias. Constaba de 12 miembros
elegidos por el Presidente de la Nación de los cuales sólo 3 eran
representantes de la universidad pública. Esta ley fue rechazada por muchos,
docentes y estudiantes, quienes resaltaban el carácter neoliberal expresado en esta
ley la cual dejaba la puerta abierta a los arancelamientos de los estudios, y
como solía expresar su artículo 2 “El Estado, al que le cabe responsabilidad
indelegable en la prestación del servicio
de educación superior de carácter público (...)”. La palabra “servicio” ya da a
entender la intencionalidad de que la educación debía ser paga.
El
no presupuesto a la educación y la negación a una paritaria nacional llevó a
los maestros a instalar la conocida Carpa Blanca en el Congreso de la Nación.
La protesta duró 1.003 días y la carpa fue levantada luego de la aprobación de
la Ley de Financiamiento Educativo impulsada por el presidente de ese entonces
Fernando de la Rúa.
● LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN - 26.206 (2006)
A
una década de la implementación de la Ley Federal de Educación, sus falencias
provocaron la decadencia del sistema educativo llevó a una nueva transformación
de la educación para recuperarla. Durante el gobierno de Néstor Kirchner el 14
de diciembre de 2006 el Congreso aprobó la Ley Nacional de Educación.
Para
comenzar, hubo una reforma en la organización del sistema educativo y sus
niveles:
● Educación Inicial: 3 a 5 años
● Educación Primaria: 6 a 12 años (dos
ciclos de 3 años, obligatorio)
● Educación Secundaria: 12 a 18 años
(dos ciclos, uno básico, y el otro orientado, obligatorio)
● Educación Superior: No universitaria
(educación terciaria) o universitaria.
En
el anterior sistema educativo no se consideraba la formación técnica, pero las
modalidades que ahora toma en cuenta la Ley Nacional son: Educación permanente
de adultos, escuelas bilingües, escuelas técnicas, educación especial,
educación rural, educación artística, y la educación en contextos de privación
de libertad (en prisión), además de educación domiciliaria y hospitalaria.
La
Ley Nacional considera a la Educación como un derecho de todos, y que el Estado debe ser el garante y quien lo
financie, estableciendo que el presupuesto no debe ser menor al 6% del PBI
(Producto Bruto Interno) del país. El objetivo es construir una sociedad más
justa, que respete los derechos y las diversidades de todos los sujetos que la
conforman, apelando por la inclusión.
Un
aspecto importante de esta nueva reforma es la formación continua de los
docentes para asegurar una educación de mayor calidad, con mayor conocimiento
teórico desde todos los ámbitos de los sujetos a enseñar.
Entre
las leyes complementarias de la Ley Nacional se encuentra la Ley de
Financiamiento Educativo (2005) anteriormente mencionada. Esta Ley pretende que
el financiamiento a la Educación sea cada vez mayor con el paso del tiempo,
iniciando con un 4,6% del PBI en el año 2006, y llegando a un 6% en el año
2010. El gasto en educación se divide entre la provincia y la Nación, aportando
la provincia un 60% mientras que el restante 40% lo dispone la Nación.
Otra
de las leyes complementarias fue la Ley de Protección Integral de los Derechos
de las niñas, niños y adolescentes sancionada en el 2005, la cual los reconoce
como sujetos de derecho y tiene como objetivo la protección integral por parte
del Estado de todos los derechos de los niños para que su ejercicio pueda ser
pleno, efectivo y permanente.
Una
de las leyes más importante es la Ley de Educación Sexual Integral (2006) la
cual garantiza el derecho a recibir educación sexual integral en todos los
establecimientos educativos (gestión estatal y privada) en los niveles inicial,
primario, secundario y de formación docente. Entendiéndose como educación
sexual integral a la articulación de aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos y éticos.
Como
hemos discutido en anteriores entradas, se considera que la educación argentina
está pasando por una crisis, a pesar de todos los cambios que se hicieron para
mejorar la situación. Una creencia extraña que tenemos es pensar que, al
aumentar el porcentaje de dinero invertido en la educación, esto producirá que
la calidad de esta mejore, solo por el simple hecho de invertir más. Podríamos
pensar que los resultados de las pruebas Aprender nos indican que esta teoría
de la inversión no es cierta.
· PROYECTO ‘‘SECUNDARIA 2030’’
Ante
los resultados desalentadores de las pruebas Aprender se desarrolló un proyecto
llamado ‘’Secundaria 2030’’ que fue aprobado en el año 2017 para ser llevado a
la práctica en el año 2018. Recibió muchas críticas, principalmente por el
hecho de que se pretende que los alumnos de sexto año de secundaria tengan
prácticas educativas, que aseguran que son distintas a las ¨profesionales¨. Los
opositores al proyecto alegan que es una forma de explotación a los
estudiantes, haciéndolos trabajar sin recibir una paga. ¿Será esta reforma la
que necesitaba la educación para mejorar, o será otro intento fallido?
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